Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas son parte de las acusaciones que hizo la misión independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra de Venezuela.

A pesar de que la Misión no pudo vivistar Venezuela por la pandemia de Covid19, se conoció que realizaron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

A través de la información obtenida por parte de la Misión se determinó que  existen “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado”.

Adicionalmente señala el informe que autoridades estatales “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”.

El informe también detalla que  existen dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que terminaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad.