La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó que Nicolás Maduro use la conocida “ley del odio” para amordazar a periodistas y medios de comunicación.

La SIP considera que este instrumento jurídico es empleado para criminalizar a la prensa y para asediar a los profesionales de la información que resultan incómodos al poder.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada en el año 2017, contempla penas de hasta 20 años de cárcel y el cierre de medios de comunicación.

Desde su entrada en vigencia se han denunciado encarcelamientos injustos, cierre de medios y sanciones que se amparan bajo esta ley.

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